La oposición de UTECA a dicho Decreto se basa, por una parte, en su presunta ilegalidad, ya que, a su juicio, establece una prestación patrimonial sin cumplir los requisitos que el artículo 31 de la Constitución exige. También basa la impugnación en que la Ley 25/94 resulta contraria a diversos preceptos de la Constitución y al Derecho comunitario europeo. Dada esta última circunstancia, el recurso solicita no sólo la inmediata inaplicación del Real Decreto, sino también de la Ley, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Comunitario Europeo que exige la inmediata inaplicación de las normas internas, cualquiera que sea su rango, cuando vulneren otras disposiciones comunitarias. En el caso de que al Tribunal Supremo le cupieran dudas sobre tal disconformidad con la Constitución y con el Derecho comunitario, la demanda solicita que se planteen por el propio Tribunal Supremo una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y un recurso prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

Tras la aprobación del Real Decreto, UTECA ya manifestó su oposición al mismo, al considerarlo demasiado restrictivo. Desde la entidad se apuntaba que no sólo no contribuirá a que el cine español mejore sus ingresos, sino que quita la flexibilidad que tenían las televisiones para hacer esa financiación obligatoria que ya marcaba la ley. A su juicio, el cine español "pierde espectadores año tras año por el rechazo del mercado, que es, al fin y a la postre, el que define el éxito o el fracaso de un producto", y las subvenciones y apoyo de las televisiones "sólo han servido para aumentar el número de producciones cinematográficas, pero no para aumentar su calidad ni su rentabilidad". "No puede aceptarse que la contribución a una parte del conjunto de esa industria, la que no es capaz de atraer la atención de la demanda y de lograr una rentabilidad mínima exigida a cualquier oferente, se imponga como un deber legal", decía en un comunicado.