La sentencia dictada en su día por el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Valencia, ahora ratificada por la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), anulaba, a instancias de un recurso interpuesto por la Federación de Servicios de UGT, el acuerdo del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana de fecha 24 de marzo de 2003, ratificado una semana más tarde, por el que se aprobaron los pliegos de condiciones para la privatización de la gestión de determinados servicios de Canal 9 (el suministro de contenidos audiovisuales, la edición de los programas informativos y la venta de publicidad y programas) ya que consideraba que dicha resolución vulneraba la Ley del Tercer Canal (que dice que la gestión de los canales autonómicos no podrá ser transferida a terceros, sino que debe ser ejercida directamente por la sociedad anónima constituida en cada Comunidad Autónoma) e impedía al Ente público desarrollar las atribuciones que le confiere la Ley de Creación de la RTVV en cuanto a la determinación anual del porcentaje de producción propia.

En el fallo dado a conocer ayer, el TJSCV considera que, del acuerdo del 24 de marzo se desprende la "absoluta trascendencia que, en términos cuantitativos y cualitativos" tiene el vínculo que el Consejo de Administración de RTVV suscribiría con los adjudicatarios de los contratos. A su juicio, se produce una "gestión indirecta del servicio público y no una simple transmisión de prestaciones accesorias", como aducía en su recurso la RTVV. Del mismo modo, el Tribunal Superior de Justicia rechaza que UGT carezca de legitimación procesal para interponer el recurso, como decía el Ente, ya que los concursos pueden tener incidencia en el empleo de los trabajadores a los que representa. Desde UGT se reclamó ayer a la RTVV que acate la sentencia.