En España, según expone en sus conclusiones la dirección del curso, el desarrollo de la liberalización de las telecomunicaciones, la televisión por satélite y el cable se ha efectuado en un marco jurídico confuso, disperso y contradictorio que ha creado un panorama multimedia con las mismas características y que ha continuado en el inicio del desarrollo de la televisión digital terrenal, todo ello sin la garantía de un árbitro independiente de un Consejo Audiovisual de ámbito estatal. España es el único país, de los 15 que hasta hace pocos meses conformaban la UE, que carece de él, por lo que la creación de este Consejo Independiente, en el marco de una Ley General del Audiovisual, es, a su juicio, "una cuestión de primera magnitud democrática". Este nuevo Consejo Audiovisual independiente español debería tener los requisitos imprescindibles de la independencia en relación con los poderes políticos y económicos, gozar de capacidad de concesión de licencias de emisión y de sanción, velar por el pluralismo de los operadores informativos y su transparencia, garantizar jurídicamente los contenidos multimedia, impulsar la autorregulación eficaz e independiente, y debería asumir posibles competencias en relación con los medios de comunicación en campañas electorales. Además, debería ser compatible con los Consejos Audiovisuales de las Comunidades Autónomas, y tendría competencias tanto para los medios públicos como para los privados.

El Consejo Audiovisual independiente español debería configurarse partiendo de la tendencia actual de la convergencia entre medios audiovisuales y la transmisión de sus contenidos por todos los soportes tecnológicos, incluyendo Internet, siendo el órgano regulador de todo el tránsito de la televisión digital, por lo que la existencia en su caso de la actual Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y la prevista agencia de radiocomunicación deberían adaptarse y coordinarse, mediante las pasarelas correspondientes, con los servicios del Consejo Audiovisual español. En todo caso, en las licencias de emisión deberían valorarse conjuntamente las características de los operadores y el proyecto de contenidos. La urgencia de la existencia del Consejo Audiovisual español viene dada, además, porque el derecho a la veracidad de la información es el asunto de mayor importancia en la sociedad actual. En unos momentos especialmente complejos del tránsito de la televisión analógica a la digital, el Consejo Audiovisual independiente de ámbito estatal es un mecanismo jurídico y ético indispensable para garantizar el pluralismo y la libertad de expresión y la veracidad de los contenidos de los poderosos y complejos grupos multimedia actuales públicos y privados. Además, su desarrollo, con las características y funciones correspondientes en la hora de la convergencia, debe tenerse en consideración al configurar el nuevo modelo de RTVE.